La Sociedad Rural Argentina entiende que es muy importante que los avances biotecnológicos y las mejoras genéticas en semillas tengan una justa retribución.
Creemos que el pago por la propiedad intelectual debe estar contenido en el precio de la semilla.
Sin embargo, Monsanto insiste en una fórmula que ya hemos denunciado: la empresa busca alterar indebidamente el comercio de granos porque pretende que sean los acopiadores y exportadores los agentes de retención y quienes ejerzan el control, cuando son actores que nada tienen que ver en la relación entre productores y proveedores de semillas. Por eso, no se puede delegar en ellos el poder de policía que deben ejercer los organismos creados para el control del uso de semillas fiscalizadas (INASE).
La SRA advierte a los productores que no firmen contratos que contengan cláusulas que escapen a los usos y costumbres vigentes en la operatoria de venta de granos y les aconseja asesorarse jurídicamente.
